LA CUESTIÓN DEL ABORTO (VII)

Tal y como se dejó prometido en la última entrada de esta serie, se intentará ahora dilucidar si las decisiones que conciernen a la maternidad, y especialmente la decisión de frustrar a voluntad el curso natural de una preñez, competen en exclusiva -como defienden algunos- a la mujer gestante.

Podría parecer que, precisamente porque hemos caracterizado la maternidad como una posibilidad o capacidad definitoriamente femenina y además como un acto propiamente voluntario, extinguida por cualquier motivo -o inexistente desde el principio- la específica voluntad maternal de una mujer, lo apropiado sería respetar en todo caso su decisión libre y espontánea de abortar. Repugna además a nuestro concepto de maternidad la posibilidad de que ésta pueda ser obligatoria o impuesta, por lo que resulta fácil concluir que lo único razonable que puede hacerse ante este asunto es dejar que las mujeres tomen sus decisiones sin ningún tipo de coacción, ofreciéndoles si acaso orientación, ayuda o consejo.

Pero siendo cierto lo anterior, no lo es menos que -según pudimos ver en las primeras entradas de esta serie- desde el momento mismo de la concepción puede y debe hablarse lícitamente de la existencia de una vida humana distinta de -aunque en modo alguno ajena a- la de la madre. Así pues, siempre que a ésta le falte la voluntad de pasar adelante con un embarazo, nos encontraremos frente a una disyuntiva clásica: el conflicto de bienes. En nuestro caso tendríamos de un lado la libertad de una mujer -a quien indudablemente se haría violencia si se le impusiese la maternidad o si de cualquier modo se le impidiese ejecutar su voluntad de terminar anticipadamente el embarazo- y del otro la incipiente vida humana a la que hacíamos referencia al principio de esta serie de pequeñas reflexiones sobre el aborto.

Desde cierta perspectiva moral, podría arrojarse más luz sobre este asunto considerando la posibilidad, defendida por algunos, de que existan actos intrínsecamente malos, esto es: de tal naturaleza que no serían lícitos ni siquiera cuando de su ejecución se siguiese un bien; pero aceptar esta posibilidad exige asumir algunos postulados que sólo encuentran fundamento en la Fe y -como habrá advertido el agudo lector- en estas reflexiones se viene evitando deliberadamente cualquier razonamiento que presuponga la aceptación de lo sobrenatural.

Sea desde una u otra perspectiva, lo que se nos manifiesta ya con alguna claridad es que la decisión de terminar un embarazo no puede dejarse a la discreción de la gestante, y esto al menos porque si hiciéramos tal cosa dejaríamos desprotegido uno de los dos bienes en liza. No faltará quien argumente que la madre puede tomar en consideración -y sin duda lo hará en la mayor parte de las ocasiones- precisamente la existencia de la vida que se encuentra en el término más débil de esta ecuación, pero no puede bastarnos eso. El Derecho, suprema manifestación de lo que algunos pensadores han dado en llamar inteligencia social o colectiva consiste en poner al servicio del más débil un tipo de violencia ordenada cuyo ejercicio se reserva al Estado. Este uso de la fuerza permite que en las situaciones en las que -de no producirse- el más débil caería siempre ante el más fuerte, la intervención del Estado haga posible adoptar una solución que no sea la más fácil, sino la más justa o, si se quiere, la más conveniente para el cuerpo social y político de que se trate. Cuando el Estado se inhibe ante un conflicto de esta naturaleza, y lo relega por tanto al ámbito particular, al de los casos íntimos o de conciencia, indudablemente se está ante un retroceso de la inteligencia colectiva.

Más adelante en esta serie se procurará resolver la cuestión de en qué dirección -más allá de impedir que se adopte la solución más fácil o rápida- ha de extenderse la intervención del Estado; y cuál es la solución más justa o conveniente a los casos que venimos analizando.